Las políticas domésticas de Bush

por Miguel Donayre Benites

Mientras que la mayoría de análisis de la Administración Bush se han centrado en su política exterior, pocos estudiosos en nuestro país se han centrado en sus políticas domésticas, que se han caracterizado por una gran agresividad hacia los sindicatos, hacia la clase trabajadora y hacia las condiciones ambientales de aquel país.

Durante los años de gobierno del Presidente Bush, la economía estadounidense ha perdido 2 millones de puestos de trabajo, alcanzando una tasa de desempleo del 5.6%, tasa que en realidad es mucho mayor cuando se incluye - como debería hacerse- en la cifra de desempleados aquellos que cansados de buscar trabajo sin encontrarlo han abandonado la búsqueda de trabajo. Si así se hiciera, la tasa de desempleo ascendería a 7.4%. Por otra parte, el periodo de tiempo en que las personas están desocupadas ha aumentado considerablemente, de manera que el 25% de las personas desocupadas han estado en esa situación durante más de seis meses, el porcentaje mayor en los últimos veinte años. A este deterioro de la situación de las personas desocupadas hay que añadir que la Administración Bush ha recortado muy significativamente las prestaciones por desempleo, con lo que 1,1 millón de personas desocupadas han dejado de tener cualquier prestación por desempleo.

La situación también ha empeorado para la población ocupada. El salario semanal del 90% de los trabajadores varones mayores de veinticinco años que trabajan a pleno empleo ha disminuido, forzándoles a trabajar más tiempo. La Administración Bush ha indicado que estas horas extras (que el trabajador siente la necesidad de realizar para mantener su capacidad adquisitiva) no pueden ser compensadas con incentivos en metálico, con lo cual el mercado laboral está siguiendo el modelo establecido por la empresa Wal-Mart (la segunda empresa estadounidense que ha aportado fondos a la campaña del candidato Bush) que exige un horario laboral semanal por encima de las ocho horas diarias, horas extras que se pagan como las horas normales, sin ninguna compensación adicional. Estas medidas represivas han ido acompañadas de una oposición a aumentar el salario mínimo que es hoy un 25% más bajo que en el año 1979, así como de una reducción muy notable de los gastos sociales federales y de una exigencia de recortes de tales gastos por parte de los estados (las unidades político administrativas semejantes a nuestros estados autonómicos). Una de las áreas donde los recortes han sido más acentuados ha sido las becas y ayudas universitarias, reforzando con ello la homogenización social de las poblaciones estudiantes universitarias.

Deslocalización de empresas

Otra situación que ha ido aumentando durante la Administración Bush ha sido la movilidad no sólo de la manufactura sino también de los servicios a países subdesarrollados, desplazándose elementos importantes de la producción de tales productos y servicios a tales países. La movilidad ha sido defendida por los defensores del libre comercio al subrayar que favorece una nueva división del trabajo, de manera tal que aquellos puestos de trabajo de alta cualificación se centren en los países desarrollados, mientras que los de escasa cualificación se centren en países subdesarrollados. Tal esquema teórico olvida o ignora que parte de la deslocalización afecta también a los puestos de trabajo cualificados (radiólogos situados en la India leen las radiografías de hospitales estadounidenses). Y por otro lado, tal deslocalización debería estimular una gran inversión pública para formar constantemente aquellos trabajadores afectados por esta deslocalización, a fin de ayudarles a integrarse en nuevos puestos de trabajo. La Administración Bush, sin embargo, ha reducido considerablemente tales programas de formación (ha eliminado 1.000 millones de dólares en tales programas) dificultando así la incorporación de trabajadores deslocalizados al mercado de trabajo. Consecuencia de ello, es que la gran mayoría de trabajadores afectados por estas deslocalizaciones han sido forzados a aceptar puestos de trabajo con salarios más bajos que los que tenían anteriormente (un 20% menor). Es más, la Administración Bush también ha debilitado la legislación laboral y ambiental que existía en los tratados multilaterales y bilaterales de comercio que, al menos en teoría, intentaba proteger a los trabajadores de los países subdesarrollados receptores de aquellas empresas que se localizaban en ellos, legislación que prohibía el trabajo de niños y que exigía derechos sindicales y ambientales.

Acompañando esta agresividad, la Administración Bush ha dictado leyes que dificultan la sindicalización. En realidad, las encuestas muestran que una tercera parte de los trabajadores en EEUU desearían afiliarse a los sindicatos, aunque sólo un 13% lo están y ello como resultado de las leyes aprobadas por la Administración Bush que dificultan el sindicalizarse. Estas medidas alcanzan incluso situaciones extremas como cuando se utiliza la ley que define la estrategia antiterrorista de la Administración Bush (Homeland Security Act) para dificultar la sindicalización de los empleados públicos bajo el argumento de que tal sindicalización dificulta la lucha contra el terrorismo. Tales políticas definen a tal Administración Estadounidense como la más reaccionaria y regresiva que ha existido en aquel país en los últimos cincuenta años.

Agradezco la información provista por Jeff Faux y colaboradores del Economic Policy Institute de Washington DC, EEUU por facilitar los datos aquí presentados.